Nuestra compañera Pilar Orero comenta en la lista de distribución para traductores audivisuales TRAG la siguiente problemática, que considero de obligada lectura y espero que de obligada reacción para aquéllos traductores interesados en la audiodescripción y el subtitulado para sordos.
Éste es el mensaje de la lista de distribución:
"Os quería informar del debate que se está llevando a cabo en el CESyA (Centro Español del Subtitulado) sobre la formación que deberían tener los subtituladores en España.
Parece ser que la idea es que sean FP2 para que salgan baratos, es decir, primar la cantidad no la calidad. El peligro de esta decisión sobre las tarifas de subtitulación será determinante.
Las universidades en que se imparten cursos de subtitulado hemos redactado una carta que os pego en el mensaje (que será larguísimo).
Os animo a que se escriban emails expresando vuestro punto de vista a
Paloma Martínez, que es la responsable de Formación del CESyA.
[Haced clic aquí para escribir vuestro correo]
Un abrazo
Pilar"
Aquí va la carta:
El 21 de abril durante la /II Jornada// CEPACC// ciencia-empresa por la accesibilidad/, Dña. Natividad Enjuto García, directora técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, y Dña. Belén Ruiz Mezcua, directora del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), dependiente del Real Patronato y gestionado por la Universidad Carlos III, expusieron que, dentro de las líneas de actuación del CESyA con respecto a la formación, se había comenzado un proceso de entrevistas con el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) en el que se contemplaba la posibilidad de crear sendas titulaciones de Formación Profesional de grado superior encargadas de la preparación de los subtituladores y los audiodescriptores.
Los representantes de Facultades de Traducción e Interpretación presentes en dicha jornada les recordaron que, desde el ámbito de la traducción audiovisual, se ha venido siguiendo con atención las iniciativas en pro de la accesibilidad en los medios de comunicación, así como el progresivo aumento de horas de programas accesibles y se ha sabido ver la necesidad de formar traductores audiovisuales que
incorporen a sus conocimientos el saber hacer accesibles los materiales con los que trabajan. De ahí que un buen número de universidades españolas ya hayan incluido, desde el curso académico 2004-2005, asignaturas de grado y cursos de postgrado y doctorado en subtitulado para sordos y audiodescripción para ciegos.
Tras dicha jornada, el CESyA encargó un informe al Dr. Díaz Cintas sobre
las competencias profesionales del subtitulador y el audiodescriptor y puso en marcha un grupo de trabajo sobre formación, cuyo objetivo es elaborar un informe que se enviará al MEC para que éste decida el ámbito de inscripción de los estudios de subtitulador y audiodescriptor. Las universidades, tras analizar la forma de trabajo que el CESyA proponía, comunicaron a éste que consideraban que la formación de estos
profesionales debía inscribirse en el ámbito universitario, tal y como se desprendía del informe del Dr. Díaz-Cintas, con el que coinciden plenamente. Asimismo, en consonancia con esta firme creencia, añadieron que no les parecía apropiado trabajar sobre una plantilla emanada de la Subdirección General de Formación Profesional que se utiliza para definir el currículo de los ciclos formativos. Solicitaron que, si en el MEC todavía no había decidido dónde inscribir esa formación, se trabajase sobre la plantilla empleada para definir los estudios universitarios o que se confeccione una que no estuviese adscrita ni a unos ni a otros y que en ella se vaciase el informe arriba citado. Como respuesta, el CESyA añadió a los documentos de su plataforma el de las directrices para la elaboración de títulos de grado y postgrado del 21 de diciembre de 2006.
El pasado 21 de mayo se reunió por primera vez el comité de redacción de este grupo de trabajo, presidido por Dña. Paloma Martínez Fernández, del CESyA, y al que, sorprendentemente, asistió como representante del MEC Dña. Consuelo Campos, coordinadora de FP de dicho ministerio, quien propuso inscribir la formación de los subtituladores y audiodescriptores en el ámbito de los estudios de FP manejando argumentos de tipo económico (un profesional de FP sale más barato que uno formado en la Universidad, hay que "ajustarse a la realidad del mercado" y no crear un súperprofesional que luego no pueda ser contratado por las empresas, éstas necesitan y contratarán a un profesional que pueda subtitular 15 películas al día y no uno que lo haga muy bien pero que sólo pueda subtitular una). Naturalmente, el representante de las universidades esgrimió los argumentos de calidad, trabajo profesional y respeto por los usuarios, ante lo cual, la representante del MEC concluyó que había
que buscar un término medio "entre la calidad y la realidad".
Tras este intercambio de pareceres, se decidió que únicamente se discutirían las competencias estrictamente "técnicas" y que se dejaría todo lo demás para una futura reunión. También se estableció que no se discutiría sobre el nivel de la formación, porque eso era competencia del MEC, que sería el que analizaría las propuestas y decidiría si esa formación se podía alcanzar en un FP2 o en la Universidad. En la
discusión de dichas competencias, se decidió que algunas propuestas de las universidades, como las relativas al nivel de competencia que deben tener los futuros subtituladores y audiodescriptores en L1 y L2, se recogerían con posterioridad a la reunión.
El representante de las universidades advirtió de los peligros de una pésima formación que haría imposible, entre otras cosas, la competencia con titulados de otros países, formados siguiendo criterios de calidad.
Lamentablemente, parece que el factor económico tiene más peso que el factor calidad.
Por todo lo expuesto anteriormente, no es de extrañar el malestar generado en el ámbito universitario por todo este proceso, puesto que en él cuentan con la experiencia docente en formación de subtituladores y audiodescriptores de calidad, así como con las infraestructuras y medios adecuados. El MEC debería considerar a los expertos universitarios como interlocutores principales y de pleno derecho en lo que respecta a la formación en accesibilidad a los medios de comunicación y, lo que es más importante, velar por una educación de calidad que asegure la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los medios de comunicación".
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