Condenados a muerte sin traducción

Fuente: Periodismohumano.com


Defensores de los derechos humanos acusaron al gobierno indio de insensibilidad ante la situación de 17 inmigrantes de esa nacionalidad que esperan su ejecución en Emiratos Árabes Unidos. Han estado encarcelados durante casi un año, pero las autoridades del consulado de India “rara vez los visitaron”, señaló la organización no gubernamental Lawyers for Human Rights International (LFHRI), con sede en el noroccidental estado indio de Panyab.

El 29 de marzo, 17 indios de entre 21 y 25 años fueron condenados a muerte por un tribunal del emirato de Sharjah, acusados de haber liderado a una multitud violenta y asesinar a un pakistaní luego de una disputa en el negocio ilegal del alcohol. El gobierno indio no hizo pública ninguna reacción sobre las acusaciones contra los inmigrantes.

Dos miembros de LFHRI que visitaron a los prisioneros a mediados de abril señalaron que estos habían criticado al consulado indio por su “actitud insensible”, y aseguraron que ningún diplomático de su país los visitó hasta que se dictó la polémica sentencia hace dos meses, generando la atención de la prensa. De hecho, el gobierno indio no se enteró del caso sino hasta después del fallo.

“La sentencia a muerte a 17 personas es bastante perturbadora, así que hemos decidido darles la mayor ayuda posible”, dijo el ministro para Asuntos Indios en el Exterior, Vayalar Ravi. Entre otras cosas, la asistencia legal será pagada con recursos del fondo oficial para la diáspora india, señaló.

La reunión de los delegados de LFHRI con los 17 prisioneros “reveló una situación muy lamentable”, dijo a IPS el secretario general de la organización, Navkiran Singh. Los inmigrantes habrían sido víctimas de torturas y de una trampa incriminatoria, señaló el grupo en un informe divulgado el 20 de abril.

El reporte denunció “una total injusticia, arrogancia y prejuicio religioso de parte del CID (Departamento de Investigación Penal) de la policía de Sharjah, y una actitud insensible del consulado indio”.

La interpretación: un derecho de todos

Al borde de prisión por falta de inglés

La interpretación errónea de una pregunta en inglés trastocó la vida de un dominicano al punto que enfrenta 2 años de cárcel.

Fuente: Univision

NUEVA YORK - La interpretación errónea de una pregunta en inglés ha trastocado la vida de un dominicano al punto que enfrenta dos años de prisión, según alegó el inmigrante.

Andrés de la Cruz, quién llegó a Estados Unidos hace 17 años de su natal Cibao, solicitó en octubre de 2005 a una agencia de la ciudad de Nueva York una licencia para poder recoger basura en sus dos camiones, trabajo al que se ha dedicado desde 1999.

Pero, en 2006 fue arrestado y acusado de proporcionar información falsa en un documento oficial, lo que el código penal del estado castiga con entre un año y medio a tres años de prisión.

Según Fernando Mateo, quien preside la organización Hispanos a Través de América -que salió hoy en su defensa- De la Cruz no entendió bien la pregunta de si él, un actual socio de la empresa o un ex socio de la compañía en los pasados tres años fue convicto por algún delito en Estados Unidos en el pasado.

De la Cruz creyó que la pregunta se refería a si había sido convicto de algún delito en los pasados tres años.

Mateo dijo que De la Cruz fue convicto hace 17 años, por lo que contestó "no" a lo que creía se refería a su récord criminal en los pasados tres años.

Sostuvo que es "absurdo" que una persona tenga que cumplir dos años de prisión por no haber entendido una pregunta y recordó que en Nueva York viven personas de diversos grupos étnicos y que muchos no dominan el inglés.

Malentendido

"En el caso de De la Cruz, entendió mal la pregunta y está pagando el error", dijo Mateo en conferencia de prensa, acompañado por De la Cruz, que permaneció en silencio, y su abogado Kevin Faga.

"Este es un hombre que trabaja duro para mantener su familia. Creo que ir preso por contestar mal una pregunta, es un caso extremo", dijo Mateo, quien mostró a los medios la pregunta que asegura fue mal interpretada por De la Cruz en la solicitud .

Mateo pidió hoy al alcalde Michael Bloomberg que los documentos de las agencias estén disponibles en español y otros idiomas y que específicamente la pregunta que confundió a De la Cruz sea revisada y escrita en un lenguaje más sencillo para evitar que este caso se repita.

De la Cruz, que permaneció cabizbajo, aseguró que su vida ha cambiado y que su familia se ha afectado adversamente.

Drama

"Me siento muy mal, no pensé que estaba haciendo nada mal. No tengo trabajo todavía y mi familia depende de mí", dijo De la Cruz, padre de dos hijos menores de edad.

"No creí que había que llenar tantos requisitos para recoger basura", argumentó De la Cruz, que fue dejado en libertad sin fianza el mismo día en que fue detenido.

Explicó que desde el pasado año vive de los ahorros.

Por su parte, Faga presentó hoy un documento a la corte en el que pide que se retire el cargo contra su cliente en el mejor interés de la justicia. La fecha para discutir la moción está prevista para el 16 de mayo, cuando la fiscalía deberá responder a la solicitud.

La decisión deberá ser tomada por el juez.

Más confusión

Faga dijo además que presentó la pregunta a varios abogados y que éstos, al igual que su cliente, se confundieron. También indicó que en el condado de Westchester tuvo otro cliente con un problema similar, como resultado de una solicitud para conducir taxis.

La fiscalía señaló por su parte, a través de su portavoz de prensa Edwin Alban, que la Comisión de Integridad de Negocios -que otorga la licencia para la actividad de De la Cruz- investigó su récord criminal y descubrió que estuvo preso 11 meses por un caso de drogas.

De la Cruz admitió haber estado en prisión en 1996 al ser confrontado por la agencia, indicó.

Alban explicó que la agencia refirió el caso a la fiscalía, que luego de hacer la investigación pertinente, lo arrestó el 24 de mayo de 2006.

Como parte del proceso del permiso, De la Cruz llenó varios documentos y en dos de ellos, se le preguntaba sobre su récord criminal, señaló además el portavoz de prensa.

La Fiscalía sometió el caso a un gran jurado, que determinó debe ir a juicio, fecha que aún se desconoce.

En solidaridad con nuestros compañeros

En el artículo de hoy me hago eco de la defensa de nuestra profesión a través del escrito de nuestras compañeras Beatriz y Alicia.
Para que todos entendamos mejor y critiquemos menos...


Respeto para los intérpretes
Beatriz López Ewert y Alicia de la Calle Ortega (miembros AIIC) 23/03/2007

Como intérpretes y en representación de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC) quisiéramos expresar nuestra solidaridad con los profesionales encargados de la interpretación del macrojuicio del 11-M que actualmente se está celebrando en la Casa de Campo de Madrid. Dichos compañeros están realizando un trabajo ímprobo en condiciones sumamente difíciles.

La profesión del intérprete (que no la del traductor que traduce por escrito) es una gran desconocida del público en general y desgraciadamente también de otros muchos profesionales y medios.

Desgraciadamente, muchas veces sólo se repara en nosotros cuando las cosas salen mal como el jueves 15 de febrero, durante el macrojuicio del 11-M. ¿Qué salió mal? Para empezar, el Ministerio de Justicia invirtió un altísimo presupuesto en una instalación de interpretación simultánea completamente inadecuada (por supuesto sin consultar a ningún intérprete), lo cual prácticamente hizo imposible la labor de los intérpretes por toda una serie de motivos técnicos. A pesar de todo y teniendo en cuenta lo trascendental de este juicio, nuestros compañeros, haciendo gala de una gran responsabilidad profesional, decidieron seguir adelante.

Por otro lado, el presidente del Tribunal aún no ha encontrado el momento de entrevistarse con los intérpretes más allá de breves intercambios de palabras antes del juicio y la reprimenda -en público y en privado- del jueves 15 de febrero. Además, los intérpretes sólo tuvieron acceso a una parte de la documentación, la de dominio público. Los intérpretes tenemos que entender lo que se dice para así poder transmitirlo a quien nos escucha; somos un verdadero puente cultural; por eso es tan importante que podamos informarnos y estudiar la documentación relativa a las reuniones en las que trabajamos con la suficiente antelación. ¡Qué decir entonces de un juicio tan trascendental como éste!

El artículo 24 de nuestra Constitución consagra el derecho de todas las personas a un proceso público y con todas las garantías. Entre ellas está la asistencia de un intérprete si fuera necesario. Creo que no hace falta añadir mucho más.

En nombre de una profesión que en su versión moderna nació precisamente con los Juicios de Núremberg que fueron posibles gracias a la brillante labor de los intérpretes nos permitimos solicitar un poco de respeto por unos profesionales que están haciendo todo lo posible para que esa garantía constitucional no quede en papel mojado.